WASHINGTON — Una corte federal de apelaciones determinó que el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) actuó ilegalmente al compartir con autoridades migratorias información confidencial de contribuyentes, incluidos domicilios utilizados para localizar a personas con órdenes de deportación.
El tribunal confirmó una orden judicial que mantiene suspendido el intercambio de datos entre el IRS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según la decisión, el procedimiento incumplió las protecciones federales que restringen la divulgación de información contenida en las declaraciones de impuestos.
ACUERDO
El acuerdo entre ambas agencias comenzó a implementarse en julio de 2025. ICE buscaba obtener las últimas direcciones conocidas de hasta 1.28 millones de personas que, según el Gobierno, se encontraban irregularmente en Estados Unidos y tenían órdenes pendientes de expulsión.
Durante la aplicación del programa, el IRS habría compartido aproximadamente 47,000 direcciones. La corte señaló que algunas solicitudes fueron procesadas mediante un sistema automatizado sin comprobar adecuadamente si reunían todos los requisitos legales necesarios para divulgar la información.
CONFIDENCIALIDAD
La demanda fue presentada por organizaciones defensoras de los contribuyentes y pequeños negocios. Los demandantes argumentaron que permitir que los datos fiscales fueran utilizados para operativos migratorios podría generar temor entre las comunidades inmigrantes y reducir el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
Las leyes federales generalmente consideran confidencial la información de las declaraciones de impuestos. Aunque existen excepciones para determinadas investigaciones penales, las autoridades deben cumplir condiciones específicas antes de acceder a esos registros.
Los jueces concluyeron que un cambio de esta magnitud debe ser autorizado por el Congreso y no implementado mediante un acuerdo administrativo entre agencias. La decisión mantiene vigente la prohibición de continuar entregando información bajo ese procedimiento.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que continuará utilizando los mecanismos permitidos por la ley para localizar y deportar a personas que tengan órdenes finales de expulsión. La administración todavía podría solicitar una revisión adicional del caso o llevar la disputa ante la Corte Suprema.
