CHARLOTTE, N.C. — La creciente presencia de cámaras automatizadas para la lectura de placas vehiculares en Carolina del Norte está generando un debate entre autoridades que defienden su utilidad para combatir el crimen y organizaciones que advierten sobre posibles riesgos para la privacidad de los ciudadanos.
Las cámaras desarrolladas por Flock Safety utilizan tecnología para identificar placas y características de los vehículos que circulan frente a ellas. La información recopilada puede ser consultada posteriormente por agencias policiales durante investigaciones criminales.
De acuerdo con información citada por Spectrum News, se estima que existen alrededor de 2,800 lectores automáticos de placas en Carolina del Norte, y aproximadamente el 80% corresponde a equipos de Flock.
AUTORIDADES DEFIENDEN
Departamentos policiales que utilizan esta tecnología aseguran que las cámaras permiten localizar con mayor rapidez vehículos vinculados con delitos, personas buscadas o investigaciones en curso.
En Mount Holly, por ejemplo, las autoridades cuentan con 24 cámaras Flock. Funcionarios municipales señalaron que recientemente el sistema contribuyó a identificar un vehículo relacionado con una orden de arresto pendiente. La investigación terminó con un arresto, seis cargos criminales y la recuperación de un arma de fuego y fentanilo.
Para las agencias que respaldan el sistema, este tipo de casos demuestra que los lectores de placas pueden proporcionar información inmediata que de otra manera requeriría más tiempo y recursos para obtenerse.
PREOCUPACIONES
Sin embargo, organizaciones defensoras de las libertades civiles cuestionan el alcance de la recopilación de información.
La ACLU de Carolina del Norte sostiene que estos sistemas pueden crear un registro digital de los desplazamientos de conductores, incluso cuando esas personas no están relacionadas con ninguna investigación criminal. La organización considera que la expansión de la tecnología plantea interrogantes sobre quién puede consultar la información, durante cuánto tiempo permanece almacenada y con qué agencias puede compartirse.
La controversia también ha aumentado debido a casos en los que autoridades han sido acusadas de utilizar indebidamente este tipo de bases de datos.
En Charlotte, un oficial del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) fue acusado en julio de utilizar cámaras Flock y otra base de datos policial para identificar un vehículo perteneciente a un agente encubierto y presuntamente entregar esa información al objetivo de una investigación de drogas. CMPD suspendió al oficial sin sueldo y revocó su acceso a las bases de datos mientras continúa el proceso.
ABANDONAN SISTEMA
Las preocupaciones sobre vigilancia y privacidad ya han llevado a varias jurisdicciones de Carolina del Norte a reconsiderar sus contratos.
Asheville, Davidson y Dare County se encuentran entre las comunidades que han decidido terminar sus acuerdos con Flock. No obstante, el debate es más complejo porque algunas agencias podrían tener acceso a información recopilada en otras jurisdicciones mediante acuerdos de intercambio de datos.
La discusión también se desarrolla en otras partes del estado. En New Hanover County, las autoridades han enfrentado cuestionamientos sobre el intercambio nacional de información recopilada por sus cámaras, mientras residentes han solicitado mayores controles sobre el acceso y almacenamiento de los datos.
DEBATE CONTINÚA
Flock Safety ha señalado que respalda la creación de normas que establezcan límites sobre la manera en que se utilizan y comparten los datos de reconocimiento de placas. La compañía también ha anunciado modificaciones a su plataforma destinadas a fortalecer los controles de privacidad y detectar posibles usos indebidos.
Mientras algunas agencias policiales consideran que las cámaras representan una herramienta importante para resolver delitos y localizar vehículos relacionados con investigaciones, grupos de derechos civiles insisten en que su expansión debe estar acompañada de reglas claras, auditorías y mecanismos de supervisión.
El debate coloca a las comunidades de Carolina del Norte ante una cuestión que también se discute a nivel nacional: cómo aprovechar nuevas tecnologías para reforzar la seguridad pública sin convertirlas en sistemas de vigilancia indiscriminada sobre ciudadanos que no son sospechosos de ningún delito.
