El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la eliminación de la regulación de “carga pública” adoptada en 2022, un cambio que entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 y que podría modificar la manera en que se evalúan determinadas solicitudes de residencia permanente.
La regla de 2022 establecía criterios específicos para determinar si una persona podía convertirse principalmente en dependiente del gobierno para su sustento. La evaluación se concentraba, entre otros elementos, en la asistencia económica en efectivo y en la atención institucional de largo plazo financiada por el gobierno.
Esa normativa también excluía expresamente varios beneficios públicos que no se entregan en efectivo, como Medicaid —salvo ciertos cuidados institucionales— y el Programa de Seguro Médico para Niños, conocido como CHIP.
ANÁLISIS
Con la eliminación de esa regulación, los funcionarios migratorios recuperarán una mayor discreción para examinar las circunstancias particulares de cada solicitante. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que las disposiciones de 2022 limitaban excesivamente los factores que podían considerarse al aplicar la causal de inadmisibilidad por carga pública.
La nueva política permitiría analizar un conjunto más amplio de elementos relacionados con la situación económica y personal del inmigrante. Sin embargo, USCIS deberá publicar instrucciones adicionales que expliquen cómo sus oficiales aplicarán estos criterios en la práctica.
NUEVO FORMULARIO
Como parte del cambio, la agencia anunció que publicará una versión revisada del Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus.
Los solicitantes deberán verificar qué edición del formulario corresponde utilizar según la fecha de presentación. Enviar una versión incorrecta después de la entrada en vigor de los cambios podría ocasionar el rechazo de la solicitud.
La eliminación de la regla no significa que todas las personas que reciben beneficios públicos serán declaradas automáticamente inadmisibles. La determinación de carga pública forma parte de una evaluación individual y no se aplica de la misma manera a todas las categorías migratorias.
Además, ciertos inmigrantes y programas humanitarios pueden estar exentos de esta causal. Entre ellos podrían encontrarse refugiados, asilados y otras personas protegidas por disposiciones específicas de la ley migratoria.
PREOCUPACION
Organizaciones defensoras de inmigrantes han expresado preocupación porque la ampliación de la discreción podría generar confusión y provocar que algunas familias dejen de solicitar servicios médicos o asistencia para los cuales califican legalmente. Los efectos concretos dependerán de las próximas instrucciones operativas de USCIS.
Las personas que estén preparando una solicitud de ajuste de estatus después del 18 de septiembre deben revisar las actualizaciones oficiales y buscar asesoría legal acreditada antes de tomar decisiones relacionadas con beneficios públicos. La información general no sustituye la evaluación individual de un abogado de inmigración.
