Una coalición de estados y gobiernos locales presentó dos demandas federales para impedir la entrada en vigor de una nueva política migratoria que ampliaría la capacidad de las autoridades para negar visas o residencias permanentes a determinados inmigrantes que utilicen beneficios públicos.
Las acciones legales fueron presentadas el lunes 14 de septiembre contra el gobierno del presidente Donald Trump. Una de ellas reúne a 22 estados y al Distrito de Columbia, mientras que la segunda fue impulsada por varias ciudades y gobiernos locales, entre ellos Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle.
La política modifica la aplicación del concepto de “carga pública”, utilizado por las autoridades migratorias para determinar si una persona probablemente dependerá principalmente de la asistencia gubernamental. La nueva regulación concedería mayor discreción a los funcionarios encargados de evaluar solicitudes migratorias.
CONTROVERSIA
Los demandantes sostienen que la medida no define claramente cuáles programas podrían perjudicar a un solicitante. También advierten que podría provocar que familias inmigrantes eviten solicitar atención médica, asistencia alimentaria u otros servicios para los que califican legalmente, por temor a poner en riesgo sus trámites migratorios.
La controversia también incluye la posibilidad de considerar determinadas ayudas recibidas por integrantes de una familia, incluso cuando algunos de ellos sean ciudadanos estadounidenses. Los gobiernos que presentaron las demandas argumentan que la incertidumbre podría afectar especialmente a hogares de estatus migratorio mixto.
El gobierno federal defiende la política bajo el argumento de que las personas que buscan ingresar o establecerse permanentemente en Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse sin depender de la asistencia pública.
EXCEDE AUTORIDAD
Los demandantes aseguran que la regulación excede la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional y viola los procedimientos administrativos federales. Por ello, solicitaron que un tribunal suspenda su implementación mientras se resuelven los litigios.
La regla está programada para entrar en vigor el viernes 18 de septiembre. La presentación de las demandas no significa que la política haya quedado automáticamente suspendida; será necesario que un juez emita una orden para bloquearla.
La disputa representa un nuevo capítulo en el debate sobre la “carga pública”. Una versión más restrictiva fue implementada durante el primer mandato de Trump, enfrentó varios desafíos judiciales y posteriormente fue reemplazada durante la administración de Joe Biden.
